Verónica Reina, quien dirige el Servicio Social Pasionista, declaró que esta normativa es «un ejercicio autoritario y represivo».
El Parlamento de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una regulación que se implementará para las organizaciones no gubernamentales (ONG) y que fija un impuesto del 30 por ciento sobre sus ingresos.
Esta legislación establece un impuesto del 30 por ciento sobre la cooperación financiera internacional. Cada vez que se realice una transacción económica, desembolso, transferencia, importación de bienes u otra operación proveniente de fondos del extranjero —ya sea mediante donaciones, pagos u otros conceptos— destinada a sus representantes en el país, se aplicará dicho gravamen.
Según los legisladores, el propósito de esta ley es asegurar la transparencia en el uso de los recursos que reciben las ONG, y evitar que estos se empleen con fines políticos o que generen inestabilidad. Sin embargo, desde la sociedad civil se argumenta que la verdadera intención es acallar a las voces críticas.
Unos treinta líderes de organizaciones no gubernamentales manifestaron su opinión respecto a este tema. La ley fue aprobada el martes por la noche con 57 votos a favor de un total de 60 diputados, en una sesión que duró menos de dos horas y sin un debate amplio. La propuesta ya había sido anunciada previamente por el presidente Nayib Bukele y, tras ser avalada por los legisladores oficialistas, las reacciones surgieron de inmediato.
Verónica Reina, directora del Servicio Social Pasionista, calificó la medida como un intento de castigar y reprimir el trabajo relacionado con la denuncia, la exigencia de derechos, la rendición de cuentas y la exposición de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Según ella, se trata de una acción represiva y autoritaria.
Por su parte, Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, expresó que el Estado, con esta ley, sostiene que las organizaciones de la sociedad civil no son transparentes ni informan sobre sus fuentes de financiamiento, afirmación que rechazó categóricamente.
La Asociación de Periodistas advirtió que esta disposición podría tener un impacto negativo en la libertad de expresión. Las organizaciones implicadas esperan que tanto los donantes como la comunidad internacional se pronuncien al respecto. De acuerdo con los legisladores, una parte de los fondos recaudados a través del impuesto será utilizada para atender las necesidades de la comunidad de El Bosque, la cual fue reprimida por la policía durante una protesta en la que pedían apoyo para evitar ser desalojados.
En una conferencia de prensa, las organizaciones sociales también exigieron la liberación inmediata de Rut López, abogada de la Fundación Cristosal, junto con otros defensores de derechos humanos que han sido arrestados recientemente por agentes de la Policía Nacional Civil.
FUENTE: telesurtv.net