Morales y la dirigente Suseth Rodríguez están acusados de presuntos actos de terrorismo y otros delitos relacionados con las manifestaciones y bloqueos de carreteras que ocurrieron después de que se rechazara la candidatura presidencial de Morales.
Desde el pasado lunes, cuando iniciaron las protestas, se ha registrado un impacto considerable en la población. La Fiscalía de Bolivia ha aceptado la denuncia presentada por el Gobierno nacional contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien se le atribuyen presuntos delitos de terrorismo y otros cargos relacionados con los bloqueos de carreteras organizados por sus simpatizantes, luego de que se le negara la posibilidad de postularse como candidato en las próximas elecciones generales, según informó el fiscal general del Estado, Róger Mariaca.
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El fiscal general Róger Mariaca confirmó que el Ministerio Público ha admitido la denuncia por una serie de hechos considerados violentos, vinculados a las manifestaciones y bloqueos de carreteras.
Durante estas protestas se registraron agresiones contra miembros de la Policía, periodistas, personal médico y ciudadanos en general. Además, desde el pasado lunes —cuando comenzaron las movilizaciones— se ha reportado un impacto significativo en la población, especialmente en el departamento de Cochabamba, aunque también se ha visto afectada la actividad económica en Santa Cruz.
La denuncia presentada por el Gobierno apunta a Evo Morales y Suseth Rodríguez como responsables de promover la instalación de guardias y bloqueos con el objetivo de presionar por la habilitación de la candidatura del exmandatario. Esto ocurrió pese a que Morales no cuenta con un partido político registrado y a las disposiciones del órgano electoral que impiden la reelección, sea continua o discontinua. La etapa de inscripción de candidaturas para las elecciones generales concluyó el pasado 19 de mayo.
A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de recurrir a la fuerza y la represión contra integrantes del movimiento campesino. Asimismo, calificó como injusta la detención de los dirigentes nacionales Ponciano Santos y Enrique Mamani, y denunció que las autoridades buscan infundir temor y criminalizar la protesta social.
FUENTE: telesurtv.net