Correa puso en duda la forma en que los jueces interpretaron el delito de peculado, señalando que las construcciones formaban parte de las responsabilidades del Comité Técnico de Reconstrucción.
El exmandatario Rafael Correa hizo una declaración pública este lunes 30 de junio, después de que un juez de la Corte Nacional de Justicia condenara a Jorge Glas, quien fue su vicepresidente y una figura importante del correísmo, a 13 años de cárcel por malversación en el caso “Reconstrucción de Manabí”.
A través de su perfil en X, Correa describió la decisión judicial como una “atrocidad” legal y expresó que la sentencia es “verdaderamente absurda”. Según él, en esta situación “no existe ni siquiera un delito, y mucho menos un peculado que justifique la pena más severa”, y denunció que los magistrados actuaron por motivos de persecución política.
“¿Estamos DEMENTES? ¿Estos ‘magistrados’ no tienen vergüenza? ¿Acaso no hay un sentido ético en la Nación que se exprese ante tanta injusticia? ”, escribió.
Correa también expresó su desaprobación hacia la inhabilitación política de 25 años aplicada a Glas y a Carlos Bernal, exsecretario técnico de Reconstrucción, así como la multa de 250 millones de dólares. Afirmó que esto es parte de una «cruel persecución», impulsada por diferencias respecto a las obras públicas realizadas durante su administración.
“Todo esto se debe a una cruel persecución, fundamentada en que a Pablo Celi (excontralor) y a la Fiscalía no les agradaron el parque Las Vegas, el puente sobre el río Mataje, la carretera Manta-Colisa, entre otros”, afirmó.
Correa puso en duda cómo se interpretó judicialmente el delito de peculado, recordando que las obras eran parte de las responsabilidades del Comité Técnico de Reconstrucción. “Fueron sentenciados por realizar obras de manera ‘arbitraria’, cuando su deber era exactamente priorizar proyectos para la reconstrucción y la reactivación. La condena ya estaba decidida, solo faltaba el proceso”, comentó.
El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, concluyó que tanto Glas como Bernal hicieron un mal uso de los fondos públicos obtenidos a través de la Ley de Solidaridad, diseñada para ayudar a las víctimas del terremoto de 2016.
Los jueces confirmaron la postura de la Fiscalía, que alegó que Glas, que lideró el Comité, y Bernal dieron prioridad a obras que no eran urgentes y algunas de ellas quedaron sin finalizar.
El fallo señaló que no se atendieron las necesidades urgentes de los perjudicados por el terremoto, resultando en un daño al Estado que supera los 225 millones de dólares.
El tribunal concluyó que Glas y Bernal aprovecharon sus posiciones como presidente y secretario del Comité para «explotar fondos públicos» que debían ser destinados «a la atención de las víctimas del terremoto».
FUENTE: VISTAZO