La Asociación Nacional de Docentes llamó a una protesta a nivel nacional para pedir una revisión de la Ley de Transparencia Pública y salvaguardar derechos.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) contra la Ley de Integridad Pública. Esta demanda impugna tanto el contenido como el procedimiento de aprobación de esta ley, que abarca cambios que impactan los derechos de trabajadores, mujeres, niños y adolescentes.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, indicó que el documento original que envió el Ejecutivo era diferente al texto final que se aprobó en la Asamblea Nacional, donde se añadieron cambios a más de 20 leyes, lo que infringe la unidad de materia requerida en el proceso legislativo.
Quishpe afirmó que el poder Legislativo asumió competencias inapropiadas al incorporar reformas que no formaban parte del proyecto inicial, alterando así los protocolos legales y parlamentarios. También expresó que la ley incluye disposiciones que perjudican la estabilidad laboral, la indemnización por jubilación y que incluso pretenden “atacar a los órganos de justicia”.
Falta de unidad de materia y violaciones a derechos laborales
La solicitud de la UNE señala que uno de los aspectos polémicos de la Ley de Integridad Pública es el cambio en el sistema de jubilación voluntaria. De acuerdo con Quishpe, la legislación requiere que los empleados públicos con más de 360 contribuciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que tenían la intención de jubilarse a partir de los 60 años deben esperar hasta los 65 años para poder pedir su pensión. Esto representa un retroceso que afecta el principio constitucional de avance en los derechos y tiene un impacto negativo, especialmente en docentes, médicos y otros empleados del sector público.
Otro punto que la UNE cuestiona es la evaluación de los empleados públicos, que elimina la estabilidad laboral y convierte el proceso en una medida represiva. Quishpe alertó que esta modificación crea inestabilidad en el empleo y desampara a los trabajadores del sector público.
Además, la demanda critica los cambios relacionados con la pena a jóvenes infractores tratándolos como adultos. El líder indicó que la normativa criminaliza a las víctimas en lugar de enfocarse en quienes reclutan a menores para actividades ilegales.
UNE: convocatoria a movilización
La UNE pidió a la Corte Constitucional que detenga la implementación de los artículos que atentan contra la estabilidad en el empleo y las pensiones. Quishpe instó a grupos sociales y sindicatos a que introduzcan nuevas querellas, ya que la legislación cambia más de 20 normativas actuales.
Asimismo, la UNE organizó una marcha a nivel nacional para el próximo 11 de julio de 2025 en Quito, frente a la Corte Constitucional. La manifestación tiene como objetivo demandar que el tribunal supremo se enfoque en la demanda presentada y asegure la recuperación de los derechos que han sido violados.
FUENTE: DIARIO