La falta de un plan eficaz ha permitido la entrada continua de mineros relacionados con grupos armados que controlan el área.
En seis años de intervenciones militares y policiales contra la minería ilegal en La Merced, parroquia Buenos Aires, Imbabura, las autoridades no han conseguido frenar la extracción de oro.
Los informes más recientes de inteligencia del bloque de seguridad indican que más de 2 000 personas, tanto locales como extranjeras, están involucradas, de manera directa o indirecta, en la explotación de recursos en Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo, que habían sido concedidas a la empresa australiano Hanrine.
La primera acción del estado se llevó a cabo en julio de 2019, con 2 400 agentes, repartidos en 1 200 militares y 1 200 policías, para desalojar a alrededor de 7 000 mineros que se encontraban en las montañas de Buenos Aires.
La fuerza pública estuvo casi dos meses desmantelando campamentos en San Gerónimo, Buenos Aires, La Y, La Feria y Ciudad de Plástico.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en colaboración con la Empresa Nacional Minera, extrajo 1 200 toneladas de material mineralizado confiscado durante la intervención en las minas. Después de la primera operación de desalojo, la cantidad de fuerzas en la zona fue reducida, así como el número de operaciones de vigilancia.
En 2021, tras la pandemia, los reportes oficiales indican un regreso gradual de mineros a Buenos Aires bajo el control del grupo armado organizado conocido como Los Lobos. Desde ese momento, el ejército ha llevado a cabo patrullajes específicos, aunque sin una presencia efectiva en la zona.
La complicidad de la fuerza pública complica el control minero en Buenos Aires
La desorganización entre las distintas entidades, junto con la complicidad de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, ha permitido que los mineros regresen a Buenos Aires.
En agosto de 2024, fueron arrestados y llevados a juicio cuatro soldados por proporcionar protección y vigilar tres camiones cargados de material de oro, utilizando un coche del ejército. En 2019, otros dos militares enfrentaron cargos por transportar en un vehículo oficial material de oro que había sido confiscado a los mineros.
FUENTE: ECUAVISA