El grupo Acción Los Ceibos hizo una denuncia pública sobre la supuesta solicitud del Municipio de Guayaquil al Tribunal de Garantías Penales para anular la evaluación ambiental independiente del viaducto en la avenida del Bombero, así como para obstruir la solicitud de información al Ministerio del Ambiente respecto a la licencia ambiental del proyecto que se encuentra en evaluación.
En un comunicado emitido, la organización acusó al Ayuntamiento de Guayaquil de intentar acallar las preocupaciones de la ciudadanía y de llevar a cabo una obra costosa sin contar con los estudios ni los permisos ambientales requeridos.
«Un proyecto que no puede ser respaldado por una evaluación técnica no debería llevarse a cabo. Demandar transparencia y cuidar el medio ambiente no es un delito, es un derecho”, destaca el texto que fue divulgado bajo la etiqueta #CeibosSOS.
Decisión judicial y suspensión del proyecto
El pronunciamiento del grupo se produce tras la decisión de un Tribunal de Garantías Penales ubicado en Guayaquil, que instruyó al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) a aclarar si el Municipio solicitó el permiso necesario y bajo qué clasificación de impacto ambiental se había categorizado el proyecto, cuya implementación fue suspendida el 11 de julio pasado.
En esa misma jornada, el Ministerio solicitó a la Prefectura del Guayas que interrumpiera las labores, citando una serie de quejas de ciudadanos sobre posibles efectos ambientales perjudiciales. El Maate comentó que el proyecto está en proceso de evaluación, prestando especial atención al permiso ambiental que se concedió en octubre de 2023.
Dentro del procedimiento, el grupo Acción Los Ceibos presentó una acción de protección con carácter cautelar, afirmando que el proyecto tiene un 88,24 % de impacto ambiental considerado medio y alto.
Pugna entre autoridades
La paralización del proyecto también provocó un conflicto político entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Mientras que la Prefectura siguió la orden del Ministerio, Alvarez cuestionó dicha decisión.
“Ellos optan por seguir las órdenes en lugar de desafiar”, comentó el Alcalde, asegurando que el proyecto cumple con todas las normativas legales.
Por otro lado, Aguiñaga contestó: “El ministerio responsable, el Ministerio del Ambiente, informó a la Prefectura, y nuestra acción ha sido cumplir con la normativa, la cual está vigente en Ecuador”.
Además, añadió: “Nos sorprende que haya una autoridad que cumpla con la ley, por el amor de Dios, ¿en qué tipo de país estamos llegando a ser? ”
Resistencia ciudadana
En su comunicado, el grupo ecológico expresó que el proyecto —con un costo superior a 15 millones de dólares— se ha llevado a cabo sin una consulta previa, sin involucrar a la comunidad y sin contar con un permiso ambiental vigente, por lo que piden claridad y colaboración técnica antes de cualquier reanudación.
«Indicamos que no toleraremos coacciones ni retaliaciones por expresar nuestras opiniones. La libertad de expresión no es negociable, y Guayaquil no debe desarrollarse excluyendo a su población ni perjudicando al medioambiente», comentaron.
FUENTE: ELTELÉGRAFO