La normativa fue ratificada a finales de junio, sin embargo, hoy, con las reglas para su implementación, entra en total funcionamiento.
El mandatario de la nación, Daniel Noboa, firmó un decreto para dar a conocer el Reglamento de la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa que fue aprobada por la Asamblea Nacional y ratificada por el Ejecutivo a finales de junio, y que ahora, con la implementación del reglamento, entra en vigor.
La ley modifica aspectos relacionados con la contratación pública, el funcionamiento de los servidores públicos, la deportación, la creación de cooperativas de ahorro y crédito, entre otros aspectos.
Por ejemplo, gracias a la nueva normativa, se llevarán a cabo evaluaciones regulares y pruebas de confianza sobre alrededor de cinco cientos mil funcionarios públicos en el país. El Ministerio del Trabajo está elaborando las directrices necesarias para implementar estas evaluaciones, que seguirán seis criterios establecidos por la ley: logro de objetivos, calidad en el desempeño, comportamiento institucional, eficacia, responsabilidad y contribuciones al fortalecimiento institucional. La puntuación máxima alcanzará los 100 puntos, mientras que la mínima suficiente será de 51. Aquellos que obtengan 50 o menos podrían ser despedidos de su puesto.
Además, el reglamento enfatiza que los empleados públicos que tengan menos de 70 años podrán optar por la jubilación de manera voluntaria si cumplen con los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social. Aunque esta norma ya estaba en vigor anteriormente, se aclara para evitar malentendidos, dado que en un principio se planteó aumentar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años, lo cual generó críticas.
En lo que respecta a la deportación, el reglamento indica que si esto sucede en el contexto del conflicto armado interno, no será necesario presentar un documento de viaje.
Además, el Reglamento establece el 20 de septiembre de 2025 como la fecha límite para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera modifique las denominaciones de las unidades del sistema bancario nacional, lo que lleva a las cooperativas de ahorro y crédito a cambiar sus nombres y transformarse en bancos.
La Ley de Integridad Pública es una herramienta propuesta por el Gobierno Nacional; sin embargo, enfrenta múltiples demandas por supuesta violación de la Constitución. La más reciente provino de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, específicamente debido a la intención de convertir las cooperativas en bancos.
FUENTE: ECUAVISA