La acusación sostiene que, a través del desaparecido Banco Territorial, se habría infligido un daño al gobierno ecuatoriano por un monto de 300 millones de dólares. No obstante, a lo largo de 12 años del proceso, distintos recursos legales han impedido que el expediente de blanqueo de capitales avance a juicio.
En el cruce de las calles Panamá e Icaza, en el corazón de Guayaquil, se encuentra un remanente de la entidad bancaria más antigua de Ecuador: el Banco Territorial, establecido en el año 1886. Su cierre ocurrió 127 años más tarde, en 2013. Aunque fue disuelto debido a su insolvencia y a significativos niveles de impago en su cartera, múltiples transferencias millonarias dentro del sistema SUCRE, una red utilizada para operaciones con Venezuela, fueron consideradas por la Fiscalía General como pruebas de un posible caso de lavado de capitales. Después de llevar a cabo diversas investigaciones, la Fiscalía afirma que esta red habría causado un daño al Estado ecuatoriano cercano a USD 300 millones, al registrarse movimientos entre 2012 y 2013 por supuestas exportaciones que nunca se realizaron y otras que se llevaron a cabo a precios inflados.
La Fiscalía indicó que esas transacciones financieras podrían ser vistas como ingresos ilegales y que Francisco Zunino, quien ocupaba el cargo de presidente en el directorio del Banco Territorial, y Raúl Sánchez Rodríguez, el gerente, nunca informaron a las autoridades competentes. A pesar de haber pasado 12 años, este caso penal aún no ha llegado a la fase de juicio, lo que significa que no se ha declarado culpable a nadie. Una de las razones por las que el caso ha tardado tanto, afectando a 30 individuos y 33 compañías que están bajo proceso, es que se emitieron dos anulaciones mientras se esperaba la audiencia preparatoria para el juicio. Estas decisiones se llevaron a cabo en 2016 y 2020 porque dos personas implicadas no recibieron la notificación correspondiente. Por lo tanto, en esas ocasiones, el proceso debió volver a lo que se había alcanzado en 2015.
De manera similar, mientras se espera una decisión judicial sobre el asunto, tres individuos que fueron objeto de un dictamen acusatorio por parte de la Fiscalía han muerto.
- Fabio Meloni Marriot, quien representaba a QUIMERCA S. A. , murió el 11 de abril de 2014.
- César Borja Farah, quien fue portavoz de Durcodor S. A. , murió en noviembre de 2024 después de haber estado en estado de coma por seis años tras sufrir un derrame cerebral.
- Alexis Verduga Shaoul, quien era representante, fue asesinado en Guayaquil en septiembre de 2024.
Los dos primeros individuos fueron conectados debido a que sus negocios supuestamente recibieron una parte del dinero transferido desde Venezuela con el propósito de «ocultar y eliminar la pista de su origen ilícito», según lo presentado en la audiencia preparativa del juicio. El tercero enfrenta cargos por su participación en la asesoría necesaria para el establecimiento de estas empresas que operan de manera fraudulenta. Su abogado afirmó que Verduga nunca formó parte de la estructura de una compañía implicada y que la Fiscalía no pudo determinar cómo su cliente había cometido el crimen. En agosto de 2022, el juez Ernesto Guzmán Navarrete de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil decidió llevar el caso a juicio, por lo que fue remitido al Tribunal de Garantías Penales. Sin embargo, el caso fue sorteado en cuatro ocasiones diferentes, dado que varios jueces anularon el sorteo Argumentando que no habían cumplido ciertos requisitos. Finalmente, en mayo de 2023, el asunto fue asignado a un tribunal actualmente integrado por los magistrados Carlos Manzo, Diógenes Cueva y Alizon Ramírez. La audiencia del juicio estaba programada para julio de ese año, pero el proceso ha sido aplazado en más de una veintena de ocasiones debido a revisiones de medidas cautelares, solicitudes de la Fiscalía y de los acusados.
Esta audiencia ha sido citada por última vez para el 26 de septiembre de 2025, pero únicamente en relación con 15 individuos procesados, incluidos los difuntos Verduga Shaoul y Borja Farah. Actualmente, solo uno de ellos permanece en prisión preventiva. Al mismo tiempo, varios acusados han solicitado que se indique la caducidad de la acción judicial, argumentando que el procedimiento ha tardado más que la posible pena que se podría aplicar en su caso. Aún no se ha emitido un fallo sobre sus peticiones.
FUENTE: ECUAVISA