Esta iniciativa presidencial tiene como objetivo controlar a las agrupaciones sociales que no persiguen lucro.
El proyecto de Ley de Transparencia Social, también llamado Ley de Fundaciones, fue debatido por primera vez el martes 19 de agosto en la Asamblea Nacional.
El bloque legislativo de ADN respaldó las virtudes de la iniciativa presentada por el presidente Daniel Noboa, quien remitió el documento al Parlamento con carácter de urgencia económica.
Valentina Centeno (ADN) comentó que los sistemas criminales generan un movimiento de 30 000 millones de dólares anuales en Ecuador al infiltrarse en entidades sociales. Por ello, la propuesta de regulación tiene como objetivo identificar flujos irregulares, resguardar a las organizaciones legítimas y aplicar medidas proporcionales según el riesgo y el tamaño.
Pero también se hicieron comentarios y uno de ellos provino de Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a reunirse pacíficamente y a asociarse.
«El proyecto de ley presentado podría limitar de manera inapropiada los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a reunirse pacíficamente, la libertad de asociación y la participación. . . ”, se menciona en un comunicado firmado por Romero.
Así mismo, en el transcurso del debate en el Pleno, Franklin Samaniego (RC) indicó que la Ley de Transparencia Social podría transformarse en una herramienta de presión política, perjudicando a las organizaciones que son críticas o que se oponen.
El texto volvió a la Comisión de Desarrollo Económico, donde ADN posee la mayoría, para la elaboración del informe para el segundo debate. FUENTE: ECUAVISA