Las vigilancias privadas fueron aprehendidas por supuesta extorsión junto a un chico. Se dice que los tres forman parte de un grupo delictivo.
Dos agentes de seguridad están siendo acusadas de posible extorsión en un centro médico de Machala. Estas mujeres, junto con un joven, estaban enviando mensajes para pedir una suma considerable de dinero al personal médico.
La captura ocurrió el miércoles 13 de agosto de 2025, pero casi un mes después, este martes 2 de septiembre, se anunció que se habían anulado las credenciales de las agentes de seguridad.
Según informó la Policía Nacional, las guardias, junto a un joven de 19 años, enviaban mensajes amenazantes exigiendo «grandes sumas de dinero a los médicos de diferentes clínicas para no poner en peligro su integridad».
Los tres arrestados estarían relacionados con ‘La Mafia’, una organización delictiva que operaba en varias áreas de Machala, en la provincia de El Oro.
La operación ‘Libertad 0643’ se llevó a cabo tras recibir una denuncia sobre amenazas y demandas económicas mediante mensajes extorsivos dirigidos al personal de salud del Hospital Teófilo Dávila y del Centro de Salud Velasco Ibarra.
Según los datos proporcionados por la policía, los involucrados estaban capturando imágenes de los médicos con el fin de exigirles dinero a cambio de no llevar a cabo ataques en su contra.
Las indagaciones llevaron a localizar a los tres presuntos culpables, que fueron identificados como: Kerly V. , de 29 años, Karla V. , de 32, y Justin A. , de 19 años.
Ninguno de ellos cuenta con un historial delictivo, sin embargo, las dos mujeres trabajaban como vigilantes de seguridad en dichos centros de salud. Mientras tanto, el hombre se encargaba de recoger los ingresos de las actividades de extorsión.
Debido a esto, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Control y Monitoreo de Servicios de Seguridad Privada, decidió suspender preventivamente las credenciales de las dos vigilantes privadas imputadas por extorsión.
«La suspensión permanecerá vigente mientras avanza el proceso administrativo y legal en su contra. Nuestro compromiso es asegurar que los servicios de seguridad privada se realicen conforme a la ley, con ética y responsabilidad», indicó el Ministerio en sus redes sociales.
FUENTE: TELEAMAZONAS