De acuerdo con la entidad, las personas involucradas, junto con cinco organizaciones, supuestamente han blanqueado más de 354 millones de dólares en activos.
Se dictaron medidas cautelares y otras disposiciones económicas contra 15 individuos relacionados con el caso Comandos de la Frontera. Después de la solicitud de la Fiscalía General del Estado, el juez responsable decidió que estas personas deben seguir detenidas, además de ordenar la prohibición de vender sus propiedades muebles e inmuebles, así como el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero nacional.
Así mismo, para las cinco empresas implicadas, el Magistrado estableció una suspensión temporal de sus operaciones y la intervención de la entidad pertinente.
La investigación fiscal se extenderá por un periodo de 90 días. De acuerdo con la Fiscalía, los acusados lavaron dinero por más de 354 millones de dólares.
Duro golpe a estructuras criminales
La sesión de presentación de acusaciones inició alrededor de la media noche del 9 de septiembre para aquellos involucrados en el caso Comandos de la Frontera. La Fiscalía General del Estado presentó acusaciones en contra de 15 individuos y cinco entidades legales, por sospechas de blanqueo de capitales.
Los sospechosos fueron arrestados en las primeras horas del 9 de septiembre, durante una acción llevada a cabo en diferentes provincias. John Reimberg, el titular del Ministerio del Interior, comentó a Ecuavisa que la operación coordinada supuso un «significativo golpe a una de las organizaciones criminales de mayor envergadura en Ecuador, que manejaba cerca de 313 millones de dólares».
Megaoperativo en el caso Comandos de la Frontera
En la mañana del 9 de septiembre, 600 agentes de la policía y 94 miembros de la Fiscalía llevaron a cabo operativos en 62 ubicaciones de nueve provincias, en el marco de una indagación por supuesta legitimación de capitales relacionada con el caso Comandos de la Frontera.
Se confiscó un total de 103 propiedades; entre las más extensas destacan dos fincas que suman 620 hectáreas en Santo Domingo y una finca de 470 hectáreas en Esmeraldas.
Entre otros activos se incluyen máquinas de lubricación, tiendas de herramientas, talleres mecánicos, almacenes, terrenos y áreas de cultivo de palma africana (fuente económica de sus actividades ilícitas), residencias, viviendas, apartamentos, estaciones de servicio, almacenes y aparcamientos, precisó el Ministro.
Reimberg mencionó que el grupo criminal se enfocaba en la legitimación de capitales, principalmente en Sucumbíos. Era comandada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, conocido como Gerente. Se le atribuye la responsabilidad de las muertes de agentes de policía, soldados y civiles.
Junto a su pareja, hijos y otros integrantes de su familia, formaron un grupo para inyectar grandes sumas de dinero en el sistema financiero nacional mediante actividades ilegales como el crimen organizado vinculado al narcotráfico.
Las autoridades han indicado que los Comandos de la Frontera están activos en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo, Manabí y Guayas. Este grupo surgió como resultado de una colaboración entre disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el colectivo de desmovilización conocido como La Constru, después de los acuerdos de paz firmados en 2016 con el gobierno colombiano.
FUENTE: ECUAVISA