25 de Septiembre 2026 El asambleísta Xavier Ordóñez cuestionó la gestión preventiva del Municipio de Quito frente a los incendios forestales registrados durante septiembre y anunció que trabaja en reformas legales para endurecer las penas por incendios provocados y exigir mayor trazabilidad sobre los recursos destinados a gestión de riesgos. Sus declaraciones se produjeron durante una entrevista a nuestro diario en la que también abordó la fiscalización a los gobiernos locales y la respuesta institucional ante emergencias.
Ordóñez sostuvo que, a su criterio, la Alcaldía ha concentrado su actuación en reaccionar frente a las emergencias y no en prevenirlas. También puso en duda el destino de los recursos que el Municipio asegura haber invertido en prevención y pidió transparentar cómo se ejecutaron esos fondos. El Municipio, por su parte, informó oficialmente que destinó USD 7,5 millones a acciones preventivas y ha señalado que la reducción del riesgo también depende de evitar quemas y otras conductas que puedan iniciar incendios.
Las cifras municipales muestran que Quito ha enfrentado una temporada compleja. El Cuerpo de Bomberos reportó 217 incendios forestales entre el 1 de julio y el 20 de septiembre, con alrededor de 1.650 hectáreas afectadas; solo el incendio del cerro Casitagua comprometió unas 300 hectáreas. Ordóñez señaló que investiga la actuación preventiva del Cabildo y afirmó que solicitará información para conocer con detalle cómo, cuándo y dónde se utilizaron los recursos asignados.
Propone penas de cinco a siete años por incendios dolosos
Uno de los anuncios centrales de la entrevista fue una propuesta para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ordóñez explicó que busca excluir al incendio doloso del procedimiento abreviado y elevar la pena, actualmente de uno a tres años según su exposición, a un rango de cinco a siete años. El legislador argumentó que el objetivo es desincentivar la participación de personas contratadas para provocar incendios y evitar que quienes acepten responsabilidad puedan obtener penas reducidas.
El asambleísta también vinculó su propuesta con una reforma a la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, con la intención de establecer mecanismos de seguimiento de los recursos utilizados por municipios y otras instituciones durante emergencias. Según explicó, pretende que exista “trazabilidad” tanto sobre el dinero invertido como sobre las acciones ejecutadas antes, durante y después de cada evento.
Fuente: El telegrafo