Por pedido de la fiscal Diana Salazar, el juez nacional Marco Rodríguez archivó la investigación previa iniciada en contra de la exministra del Interior, María Paula Romo, y de su esposo el exsecretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, toda vez que no existieron elementos suficientes para formular cargos.
El juez consideró que la denuncia interpuesta por el excandidato presidencial Pedro Granja, el 14 de agosto de 2019, en contra de los exfuncionarios no es maliciosa ni temeraria, por lo que resolvió devolver el expediente fiscal al lugar de origen y archivar la investigación previa.
La investigación
Los exfuncionarios fueron investigados por presuntamente haber utilizado una aeronave perteneciente al Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional (SAP) los días 2 y 3 de marzo de 2019, para viajar de Salinas (Santa Elena) a Esmeraldas junto con su familia.
Según la fiscal, existe la documentación que evidencia que estos viajes se realizaron en el marco de asuntos oficiales, dado que los ciudadanos Granda y Romo ostentaban los cargos de secretario Anticorrupción y ministra del Interior, respectivamente.
Añadió que en cumplimiento a las normas, reglamentos y protocolos de seguridad establecidos por la Policía Nacional y la autorización conferida por el Comandante del Servicio Aeropolicial se realicen dichos vuelos, conforme se desprende del Memorando No. 2019-631-CMDO-SAP-PN, de 1 de marzo de 2019.
Examen especial de Contraloría
También hay un Informe de un Examen Especial realizado por la Contraloría en relación al uso de las aeronaves de la Policía, a través del Servicio Aeropolicial, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 6 de marzo de 2019.
Dicho informe concluiría que “(…) los vuelos fueron requeridos por la Ministra del Interior conforme a los protocolos de seguridad establecidos por la Policía Nacional y contó con la autorización del Comandante General de la Policía Nacional, quien a su vez, dispuso su cumplimiento al Comandante del SAP (…)” (sic.).
Estos elementos sirvieron a la fiscal Salazar para solicitar el archivo de la investigación en contra de los exfuncionarios del Gobierno de Lenín Moreno.
No encontraron elementos para formular cargos
En su auto resolutivo, del 28 de abril de 2025, Rodríguez expuso los motivos de la fiscal para solicitar el archivo.
Salazar indicó que el hecho investigado no constituye un delito. Además, precisó que, excedido el plazo señalado para la investigación, no se obtuvo elementos suficientes para la formulación de cargos.
En julio de 2019, la entonces legisladora independiente María Lourdes Cuesta entregó al excontralor Pablo Celi una carta en la que solicitaba que se investigue el uso de una aeronave y un helicóptero del Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional por parte de Romo y Granda los días 2 y 3 de marzo de 2019.
En su momento, Romo mencionó que el viaje se dio porque estuvo encargada de llevar adelante una reunión entre el entonces presidente Lenín Moreno y el excandidato presidencial de Venezuela, Juan Guaidó.
Luego su esposo justificó que no contrataron una aeronave privada por su seguridad, al ser funcionarios de alto riesgo.
Fuente: RadioPichincha