La Contraloría de Ecuador encontró pruebas de posibles delitos en el 54 % de las revisiones a los bienes de jueces y fiscales, las cuales ya han sido enviadas a la Fiscalía.
La Contraloría General del Estado, dirigida por Mauricio Torres desde noviembre de 2023, ha llevado a cabo 108 auditorías específicas a las declaraciones de patrimonio juramentadas de jueces, fiscales y personal judicial. Como consecuencia, 59 de estos documentos revelan señales de posible responsabilidad penal, por lo que se han remitido a la Fiscalía para su indagación.
Contraloría identifica anomalías en patrimonios judiciales
Desde el comienzo de la actual gestión de la Contraloría, se han realizado 106 revisiones dirigidas a jueces y autoridades del sistema judicial, además de 2 a fiscales. De acuerdo con datos oficiales, el 54 % de los reportes muestra irregularidades en los activos y pasivos, lo que podría implicar responsabilidades penales.
Además, se están llevando a cabo 52 auditorías: 33 de ellas están orientadas a jueces y otros trabajadores del ámbito judicial, mientras que 19 se centran en fiscales. Estos procedimientos se sustentan en quejas de ciudadanos, informes de medios y peticiones de la Asamblea Nacional.
La Constitución establece que todos los servidores públicos deben presentar declaraciones de sus bienes al comenzar, a mitad y al finalizar sus labores. Esta obligación también se extiende a momentos en que la Contraloría lo solicite de manera específica.
Gobierno intensifica control a jueces y fiscales
El gobierno encabezado por Daniel Noboa ha iniciado una acción enérgica contra resoluciones judiciales que benefician a personas acusadas de delitos graves. El 13 de junio, a través de un comunicado oficial, se informó que el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) llevarán a cabo estudios sobre los bienes. También investigarían la legalidad del origen de los fondos de jueces, fiscales y sus parientes directos.
Esta acción se concentra especialmente en aquellos operadores del sistema judicial que han concedido medidas alternativas a la prisión preventiva para acusados de delitos como homicidio, tráfico de drogas, secuestro y extorsión.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que se harán públicos los nombres de los funcionarios judiciales que participen en estas actividades. Esta postura ha suscitado discusión y monitoreo por parte del poder legislativo.
Comisión de Fiscalización analiza acciones judiciales
Desde el 17 de junio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, bajo la dirección de Ferdinand Alvarez, ha estado realizando sesiones para recabar información acerca de la cooptación del sistema de justicia. Se han llamado a declarar a altos funcionarios, incluyendo a los ministros de Interior y Defensa, así como al jefe de la Policía.
En su declaración, Reimberg enfatizó que se examinará la situación patrimonial de jueces y fiscales. También se planea convocar a la UAFE, a la Contraloría y al SNAI, con el propósito de presentar un informe antes del 27 de junio.
El contexto implica la penetración del crimen organizado en el sistema judicial, como se evidencia en los casos Metástasis, Purga y Plaga. Estas indagaciones han resultado en condenas, sanciones y la destitución de más de un centenar de funcionarios en lo que va del año.
Corrupción judicial: una amenaza a la institucionalidad
En lo que va del año 2024, el Consejo de la Judicatura ha documentado la separación de 102 trabajadores del ámbito judicial, como parte de 614 investigaciones disciplinarias iniciadas. Estas medidas han surgido debido a la creciente presión tanto social como política, ante la posibilidad de que redes criminales hayan penetrado en el sistema judicial.
El enfoque del gobierno y de las entidades de supervisión muestra un esfuerzo por restablecer la confianza en la justicia en Ecuador y asegurar la transparencia de los servidores públicos.