La normativa recibió la aprobación de 84 representantes, mientras que 62 se opusieron y 2 se abstuvieron, de un total de 151 miembros de la asamblea.
La Asamblea Nacional de Ecuador dio su aprobación el martes anterior a la Ley Orgánica de Integridad Pública, una legislación promovida por el presidente Daniel Noboa que contempla un aumento en las sanciones para los jóvenes; esta situación ha causado inquietud en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que considera estas modificaciones como «regresivas» para el sistema de justicia penal juvenil y que «impactan de manera negativa a los adolescentes».
El contenido legal se centra en cuatro aspectos clave, incluyendo la eliminación de organizaciones criminales que ponen en riesgo a los niños del país, donde se prevén condenas de hasta quince años de cárcel para los jóvenes que lleven a cabo delitos graves vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con el Gobierno, esta propuesta tiene como objetivo desalentar a los jóvenes, frente al aumento de su captación por parte de grupos delictivos.
Esta normativa se establece cuando el mandatario Noboa proclamó una guerra a estas organizaciones a inicios de 2024 con el fin de hacer frente al aumento de la violencia delictiva en la nación.
En relación a esta propuesta, el titular del Interior, John Reimberg, ratificó que más de 3. 500 jóvenes fueron arrestados el año anterior como parte de las iniciativas de seguridad contra estas agrupaciones.
Al respecto, Unicef subrayó que este tipo de acciones no han mostrado ser eficaces para enfrentar la inseguridad
La ley fue aprobada con 84 votos a favor.
Además, la entidad internacional señaló que violan la Constitución del país y la Convención sobre los Derechos del Infante, acuerdos internacionales que han sido aceptados por Ecuador.
Unicef también manifestó su preocupación de que estas modificaciones «podrían agravar las condiciones del sistema carcelario y repercutir en la capacidad de reintegración de los jóvenes».
Frente a esta situación, Unicef pidió a los dirigentes del Estado que aseguren de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La Ley de Integridad Pública también presenta otros cambios importantes en diecinueve normas que ya estaban en vigor.
Entre las disposiciones, resalta la restricción que impide el regreso al país por un lapso de 40 años a extranjeros que hayan sido deportados de Ecuador tras cumplir condenas de prisión superiores a cinco años.
Si un extranjero no respeta esta norma, podría ser catalogado como un “objetivo militar” si el conflicto armado interno, declarado por Noboa contra las organizaciones criminales, continúa.
Además, la legislación concede al presidente la autoridad para disolver ciertos organismos públicos y determina que las cooperativas de ahorro y crédito se trasladen del sistema de economía popular y solidaria al sistema financiero privado.
Originalmente centrada en modificaciones a la contratación pública, la ley terminó por incluir ajustes más amplios, como la posibilidad de declarar emergencia en la Función Judicial y realizar procesos acelerados para el acceso a la carrera judicial.
La aceptación de esta normativa enfrentó la firme resistencia del partido Revolución Ciudadana (RC), que la describió como una «ofensa legislativa y un ataque al Estado de Derecho».
El partido argumenta que el contenido de la ley no solo contraviene la Constitución de Ecuador, sino que también su proceso de sanción fue supuestamente anómalo, ya que se hicieron alteraciones al texto durante la discusión sin que se regresara el documento a la comisión legislativa
FUENTE: TELESURTV