Las acciones coercitivas contra la Corte Penal Internacional fueron establecidas por la Administración Trump y tienen como objetivo frenar las indagaciones sobre el genocidio de Israel en Gaza.
Un conjunto de 48 naciones expresó su firme rechazo a las recientes medidas sancionadoras aplicadas por Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) debido a su indagatoria sobre los crímenes de lesa humanidad de Israel hacia la población palestina, y señalaron que tales acciones punitivas aumentan la posibilidad de impunidad para delitos graves y ponen en peligro el derecho internacional, que es fundamental para fomentar el orden y la seguridad a nivel mundial.
Rubio describió a la CPI como «sesgada» y con aspiraciones infundadas para investigar a ciudadanos de Estados Unidos y sus socios.
La administración de Trump implementó estas sanciones después de que la CPI emitiera órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Gallant, por delitos de guerra en Gaza.
Los 48 estados, mediante una declaración conjunta presentada por México en una Sesión Especial de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) de la CPI, subrayaron que la Corte necesita llevar a cabo su función sin presiones y reafirmaron su determinación de proteger los principios y valores estipulados en el Estatuto de Roma.
Entre los países que firmaron se encuentran Brasil, Chile, Suiza, Finlandia, Austria, Suecia, España, Eslovenia, Perú, Noruega, entre otros.
De igual manera, la CPI misma lamentó estas actuaciones, describiéndolas como «un evidente esfuerzo por debilitar la autonomía de un organismo judicial de carácter internacional».
La Corte subrayó que «agredir a aquellos que luchan por la justicia no beneficia en nada a los ciudadanos que están en medio de conflictos«, sino que «solamente fortalece a quienes piensan que pueden actuar sin consecuencias».
Por otra parte, el Tribunal Internacional afirmó que estas penalizaciones no se limitan únicamente a las personas nombradas, sino que también afectan a todos aquellos que respaldan al Tribunal, abarcando tanto a ciudadanos como a empresas de los Estados involucrados, y tienen un impacto negativo en víctimas inocentes, en el estado de derecho, así como en la paz, la seguridad y la mitigación de los delitos más atroces que afectan la conciencia colectiva de la humanidad.
FUENTE:TELESURTV.