La FGE argumenta que los magistrados no tomaron en cuenta la interrupción de los términos durante la pandemia al declarar que la acción penal contra Samara R. S. había caducado, quien fue condenada por pertenencia a una organización delictiva.
La Fiscalía General del Estado (FGE) hizo público que ha pedido anular la decisión tomada por los magistrados de la Corte Provincial de Guayas, que el 15 de julio de 2025 declararon que había prescrito la acción legal por asociación ilícita contra Samara Rivera, cónyuge de Jorge Luis Zambrano (+), conocido como “Rasquiña” y vista como integrante del Grupo de Delincuencia Organizada “Los Choneros”.
La acusada recibió una condena en octubre de 2024 de cinco años de cárcel. Sin embargo, los jueces determinaron que desde el comienzo del procedimiento el 24 de abril de 2020 hasta julio de 2025 habían pasado más de cinco años sin una decisión final, lo que establecía la prescripción del delito. Señalaron que el proceso judicial se desarrolló desde el 5 de noviembre de 2021 hasta el 24 de diciembre de 2024, momento en el cual se llevó a cabo la apelación a la condena.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que al llevar a cabo el cálculo, no se tomaron en cuenta las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia (resoluciones 004-2020 y 005-2020) ni las decisiones de la Corte Constitucional, las cuales suspendieron los plazos y términos judiciales durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia, aplicables a casos no flagrantes como este.
Fundamentándose en los artículos 250 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) como regulación complementaria del COIP, y en línea con el principio de rapidez establecido en el artículo 20 del Código de la Función Judicial, la FGE solicitó que se anule la declaración de prescripción y que se prosiga con el proceso judicial.
Además, realizó una apelación el 17 de julio de 2025, citando el artículo 652, inciso 1, en relación con el 654 del COIP.
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La Fiscalía afirmó nuevamente su dedicación a la protección del estado de derecho y la lucha contra la impunidad en procesos judiciales relacionados con organizaciones criminales como “Los Choneros”. Ahora, el asunto pasará a ser considerado por el sistema judicial, que determinará si se aplica la prescripción o si se anula la resolución.
FUENTE: METROECUADOR