Seis días previos a la declaración, una representante de Celec había enviado una lista no oficial de 13 posibles proveedores, de los cuales Progen era uno.
Cuatro meses antes de que se anunciara la emergencia debido a la crisis eléctrica en el país, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ya estaba en negociaciones con la compañía estadounidense Progen para la instalación de dos plantas termoeléctricas en Guayas y Los Ríos. Dichos contratos, que se firmaron finalmente en agosto de 2024, son actualmente objeto de un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a posibles irregularidades.
La Contraloría General del Estado (CGE) publicó un informe de 219 páginas que presenta indicios de responsabilidad penal. En este documento se señala que los contratos para las centrales de Salitral (en Guayaquil) y Quevedo, que tienen una capacidad de 150 megavatios, carecieron de soporte técnico y legal adecuado. La auditoría pone en duda, entre otras cosas, la falta de investigaciones de mercado, la selección informal del proveedor y la carencia de documentación trazable.
La Fiscalía General del Estado inició un proceso de investigación luego de que se divulgara el informe. Los acuerdos fueron firmados durante la gestión de Roberto Luque en el Ministerio de Energía y Minas, y de acuerdo a la Contraloría General del Estado, él estuvo involucrado en las negociaciones. A través de su perfil en la plataforma X, Luque manifestó su disposición a colaborar con la indagación y a presentar su relato sobre lo ocurrido.
Uno de los descubrimientos más preocupantes revela que las gestiones comenzaron incluso antes de que la contratación directa por situación de urgencia fuera autorizada legalmente. Una empleada de planificación de Celec ya había remitido una lista no oficial de 13 posibles suministradores, incluyendo a Progen, seis días antes de la declaración, a través de mensajes de WhatsApp. Aunque las conversaciones fueron transcritas y certificadas ante notario, no hubo permiso para comenzar el procedimiento en ese momento.
Asimismo, las ofertas fueron dirigidas a través de una cuenta de correo electrónico provisional que estuvo activa solo durante 90 días. Dicha información ya no se encuentra accesible y los auditores no pudieron comprobarla. Esta gestión irregular también imposibilitó la valoración de aspectos fundamentales del proveedor, como su estado financiero, solvencia económica o la verdadera existencia de los equipos ofrecidos.
La Contraloría determina que Fabián Calero, gerente general suplente de Celec, aprobó los contratos con Progen sin investigaciones de mercado ni pruebas que confirmen la disponibilidad de los recursos económicos: se destinaron 97 millones de dólares para Salitral y 49 millones de dólares para Quevedo. Igualmente, no constan firmas de responsables en las evaluaciones técnicas de las propuestas.
Se menciona que el subgerente legal de la unidad Termopichincha no desempeñó adecuadamente su función de asesor en las etapas de los contratos. Esto provocó demoras de al menos 33 días en la implementación de los mismos y permitió que se presentaran faltantes legales, como la falta de requisitos técnicos y económicos del proveedor.
Por último, la Contraloría observó que los gastos notariales del procedimiento fueron facturados a nombre de la empresa Astrobryxa S. A. , que no tenía contrato con Celec, cuando lo correcto era que esos gastos fueran cubiertos por Progen. Esto añade un elemento extra de falta de transparencia al proceso.
FUENTE: ECUAVISA