La reunión en línea junta al Gobierno, la Asamblea y grupos civiles para decidir el futuro de la Ley de Inteligencia.
La Corte Constitucional de Ecuador llevará a cabo hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, la última sesión pública relacionada con las demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Durante esta jornada, los magistrados evaluarán la Ley de Inteligencia, que ha sido objeto de críticas respecto a sus implicaciones y su implementación.
La jueza Alejandra Cárdenas ha citado a los representantes de las partes para una audiencia virtual programada para las 10:00. De acuerdo con el aviso oficial, el proceso ha reunido tres casos aceptados que impugnan 31 artículos de la ley, así como el reglamento emitido por el Gobierno.
Corte Constitucional: participación de actores en la audiencia virtual
El evento se llevará a cabo a través de la aplicación Zoom, y los participantes debían registrarse hasta el 28 de agosto de 2025. Entre los demandantes se encuentran la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la PUCE, y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
Por parte del Gobierno, habrá representantes de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado. En audiencias anteriores, la abogada Mercedes Mediavilla participó en nombre del Legislativo, mientras que el secretario jurídico Stalin Andino lo hizo por el Ejecutivo.
Artículos suspendidos de la Ley de Inteligencia
La Corte Constitucional ha tomado medidas cautelares que han paralizado varios preceptos de la Ley de Inteligencia. Este dictamen detuvo normativas que definían términos confusos como “peligro” o “seguridad del Estado”, dado que se consideraban susceptibles a diversas interpretaciones.
Los preceptos que han sido suspendidos incluyen aquellos que autoricen acciones encubiertas sin supervisión judicial, el acceso a datos de ciudadanos sin orden judicial y la creación de fondos sin supervisión clara. Estas normativas generaron severas críticas de parte de organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos.
Controversia por facultades otorgadas a agentes de inteligencia
El examen de la Corte Constitucional se enfoca en disposiciones que permitían a oficiales de inteligencia actuar bajo identidades alteradas, aplicar métodos de camuflaje y llevar a cabo misiones secretas utilizando tecnologías intrusivas. De acuerdo con los reclamantes, estas acciones amenazan las libertades de los ciudadanos y el control democrático.
Otro aspecto discutible se refiere a la obligación que tienen entidades tanto públicas como privadas de proporcionar información histórica de hasta cinco años. Para la sociedad civil, esta disposición infringe la privacidad ya que no requiere una autorización judicial previa.
Impacto en la transparencia y la seguridad nacional
El artículo 55 de la legislación también daba al Gobierno la facultad de categorizar información como confidencial, oculta o extremadamente confidencial. Los detractores argumentan que esa norma restringe el acceso de la ciudadanía y complica la supervisión social sobre el manejo de los recursos del Estado.
La sesión de este lunes será crucial para determinar el rumbo de la Ley de Inteligencia y establecerá un hito en la relación entre la seguridad nacional y los derechos humanos en Ecuador.
FUENTE: ELDIARIO