Transportistas de Imbabura enfrentan un mes de pérdidas por el paro nacionalLos transportistas de Imbabura registran pérdidas económicas durante el paro nacional.

La huelga nacional organizada por la Conaie debido a la supresión del subsidio al diésel impacta a los transportistas en Imbabura y genera pérdidas.

Redacción EL COMERCIO

El paro nacional organizado por la Conaie en protesta por la supresión del subsidio al diésel alcanza su día 30 este martes 21 de octubre de 2025. En Imbabura, los transportistas han sufrido pérdidas económicas y han disminuido sus operaciones para poder continuar ofreciendo algún servicio a la población.

Transportistas con ingresos reducidos en medio del paro por la eliminación del subsidio al diésel

Pablo Yépez, dueño de dos autobuses en la Cooperativa Urcuquí, calcula que ha tenido pérdidas que superan los 4 000 dólares. “Es un dinero que no podré recuperar”, expresó. Uno de sus autobuses realiza el recorrido Ibarra–Urcuquí y el otro trabaja para una florícola en Tabacundo.

En un mes típico, su autobús de transporte intracantonal produce una ganancia de 2 300 dólares, sin contar los salarios del chofer y el controlador.

No obstante, los ingresos que obtiene actualmente apenas son suficientes para el mantenimiento del vehículo. Por esta razón, solicitó a su personal que reinicie las actividades una vez que concluya la huelga.

Las 36 unidades de la cooperativa operan un día sí y uno no, con cada autobús completando dos recorridos.

A causa del cierre de la carretera hacia Coñaquí, tienen que tomar una ruta alternativa por Salinas, lo que extiende el tiempo de viaje de 40 minutos a una hora y media. Esta alteración les obligó a aumentar la tarifa de 0,78 centavos a 1 dólar, pero el número de pasajeros ha disminuido a entre 10 y 15 por trayecto.

Aumento en los costos de operación

Yépez comentó que actualmente invierte 80 dólares al día en diésel para realizar dos recorridos. En situaciones habituales, gastaba 90 dólares para hacer tres.

El autobús que presta servicio a la florícola ha permanecido estacionado en Tabacundo desde que comenzó la huelga.

Debido a esta parada, no podrá generar ingresos por los 2 200 dólares que recibe cada mes por ese contrato.

Adicionalmente, tiene que afrontar pagos de 2 500 dólares mensuales en instituciones financieras, sin incluir los costos de mantenimiento ni los de su hogar, constituido por su esposa y sus dos hijos.

Pérdidas diarias y riesgos financieros

Édwin Morejón, quien trabaja como transportista para la Cooperativa La Esperanza, estimó que su pérdida diaria asciende a 80 dólares. Su grupo de 30 vehículos mantiene el precio del pasaje en 0,70 centavos, a pesar de que los costos de combustible han subido de 40 a 70 dólares al día. Señaló que, sin la ayuda económica para el diésel, el precio del pasaje tendría que aumentar a un dólar para cubrir los gastos.

Un chofer de la Cooperativa Los Lagos de Otavalo, que es la localidad más afectada por la huelga, comentó que ha dejado de recibir su salario mensual de 25 dólares diarios, debido a que el servicio de transporte público está cerrado. Por razones de seguridad, eligió mantener su nombre en el anonimato.

Fenacotip alerta sobre los impactos en el norte del país

Miguel Bonilla, quien es el líder de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), indicó que las pérdidas impactan también a los choferes de Carchi, quienes deben atravesar Imbabura para alcanzar sus destinos.

Los bloqueos obligan a utilizar rutas alternativas como Esmeraldas, lo que incrementa los costos de los viajes y provoca desgaste en los vehículos.

Bonilla rememoró el accidente ocurrido el 24 de septiembre en la carretera Esmeraldas–San Mateo, en el que un autobús de la Cooperativa San Cristóbal estuvo implicado en un choque de tránsito, resultando en la muerte de cinco personas. Este bus cubría la ruta Tulcán–Guayaquil y tuvo que cambiar su trayecto hacia San Lorenzo debido a los bloqueos.

El dirigente solicitó al Gobierno y a las organizaciones indígenas que se generen espacios para el diálogo, con el fin de prevenir mayores daños económicos y sociales.

FUENTE: ELCOMERCIO