El mandatario Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el borrador de la Ley Orgánica para regular los flujos inusuales de capital.
La Presidencia de Ecuador envió, el martes 29 de julio de 2025, a la Asamblea Nacional la propuesta de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, con un carácter de urgencia económica.
El propósito de esta iniciativa es crear un marco legal que permita supervisar la gestión monetaria de las organizaciones de la sociedad civil, abarcando fundaciones, corporaciones, ONG, grupos comunitarios y entidades sin fines de lucro, tanto del país como del extranjero.
La propuesta de Ley se basa en el reconocimiento de que algunas de estas organizaciones podrían estar en riesgo, ya sea de forma directa o indirecta, ante la posibilidad de recibir flujos de dinero provenientes de actividades ilícitas.
La propuesta normativa plantea tres ejes principales:
- Crear regulaciones específicas que especifiquen los criterios de inscripción, funcionamiento y vigilancia para estas organizaciones de la sociedad civil, tales como fundaciones u ONGs.
- Solicitar a todas las instituciones sociales que implementen procedimientos para reconocer a sus donantes y beneficiarios finales, sobre todo en operaciones de gran monto.
- Incorporar políticas de claridad y sistemas de supervisión que faciliten el seguimiento de las transacciones y la detección de comportamientos inusuales.
Además, se sugiere que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria asuma la responsabilidad de la supervisión, auditoría, intervención y control de estas asociaciones de la sociedad civil.
Asimismo, se propone establecer una colaboración con entidades como la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) y el SRI, con el objetivo de identificar posibles «flujos ilegales que podrían apoyar y mantener a organizaciones de la sociedad civil».
«Este proyecto de Ley tiene como objetivo reforzar la transparencia en la recepción, manejo y administración de fondos, para evitar el lavado de dinero, la financiación de la criminalidad organizada, la corrupción y el uso indebido de recursos públicos o privados», se aclara en el documento enviado a la Asamblea.
El proyecto también contempla lo siguiente:
- Las entidades de la sociedad civil, como fundaciones y ONGs, tienen la responsabilidad de ofrecer información que sea clara, honesta, accesible y puntual sobre su organización, fuentes de financiamiento, proyectos y resultados obtenidos.
- Asimismo, deben implementar mecanismos tanto internos como externos para rendir cuentas.
- Asimismo, es necesario que implementen sistemas de control que eviten la utilización inapropiada de los recursos, tales como auditorías, tanto internas como externas, registro de las transacciones y reportes periódicos sobre el uso de fondos.
- Cada año, estas organizaciones deben elaborar un informe público que detalle la gestión y el uso de los recursos, incluyendo ingresos, gastos, proyectos realizados y quienes resultaron beneficiados.
- Estas entidades están obligadas a inscribirse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, que es administrado por el Ministerio de Gobierno. Este registro es vital para llevar a cabo sus actividades en el territorio ecuatoriano.
Dado que este proyecto de Ley fue enviado con urgencia económica, la Asamblea Nacional tiene un plazo de hasta 30 días para discutirlo.
FUENTE: TELEAMAZONAS