RADIO ULEAM: Pasadas las 08:30 de este miércoles 5 de noviembre de 2025, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se instaló la audiencia de juicio por presunto delito de lesa humanidad contra seis exoficiales del Ejército ecuatoriano y un exministro de Defensa que actuaron durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). La diligencia se realiza tras más de 10 años de diferimientos en la etapa judicial.
Los jueces Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz conducen el proceso, en el que figuran como acusados Juan Raúl V., Manuel Marcelo D., Nelson Bolívar E., Fernando Ignacio R., Mario Ricardo A., y Luis Eduardo P.
Minutos antes de la instalación formal, la defensa de Luis Eduardo P., solicitó que el juicio no se inicie hasta que su cliente sea sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, alegando que padece una demencia que le impide participar en el proceso. Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las víctimas rechazaron el pedido.
El jurista Juan Pablo Albán, representante de la familia de Luis Vaca Jácome, recordó que el exministro firmó dos escritos recientes, lo que evidenciaría que conserva sus facultades mentales. Tras una deliberación de 30 minutos, el tribunal descartó el pedido por falta de justificación y declaró formalmente instalada la audiencia.
Fiscalía presentó su acusación en el caso Vaca y otros
A las 10:39, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, expuso la teoría del caso. Afirmó que entre las décadas de 1970 y 1980 existió un aparato estatal de represión conformado por estructuras militares y policiales que actuaban de forma clandestina, bajo órdenes del más alto nivel jerárquico del Estado.
Según la acusación, el 10 de noviembre de 1985, Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos sin orden judicial en Esmeraldas, trasladados a la Escuela de Inteligencia Militar en Conocoto y sometidos a torturas durante los interrogatorios. Vaca permaneció desaparecido durante dos años hasta su liberación en Ibarra.
El fiscal también mencionó que en dependencias militares se usó pentotal sódico —conocido como el “suero de la verdad”— para forzar confesiones. Dijo que estos hechos se enmarcan en una política de Estado que vulneró derechos fundamentales y que, en su conjunto, configuran un delito de lesa humanidad.
Fiscalía sostiene que existió una estructura estatal para reprimir a opositores
Durante su alegato de apertura, el fiscal general del Estado (s), Leonardo Alarcón, señaló que existió una estructura estatal sistemática, concebida como una política de Estado, orientada al combate del “enemigo interno”.
Indicó que esta estructura estuvo conformada por mandos de inteligencia, custodia, interrogatorio y apoyo médico, que actuaron de manera coordinada para reprimir a personas identificadas como disidentes políticos, estudiantiles o sindicales.
Alarcón explicó que esta sistematización habría sido adoptada por el Ecuador bajo doctrinas surgidas en América Latina entre las décadas de 1970 y 1980, lo que permitió ejecutar operaciones encubiertas, detenciones clandestinas e interrogatorios con técnicas físicas y psicológicas.
Según la Fiscalía, estas acciones configuraron un aparato organizado de poder con vocación de permanencia y capacidad de operar al margen de la ley.
Supuestas torturas y desaparición bajo custodia militar
De acuerdo con la acusación, el 10 de noviembre de 1985, Luis Alberto Vaca Jácome, Susana Valeria Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos sin orden judicial en Esmeraldas por personal militar y llevados al Batallón Escuela de Ingenieros Número 1 “Montúfar”.
En la madrugada del día siguiente fueron trasladados al centro de inteligencia militar en Conocoto, donde permanecieron en custodia y fueron sometidos a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas durante dieciséis días.
La Fiscalía sostiene que Luis Vaca permaneció desaparecido durante aproximadamente dos años, fuera de toda protección judicial, bajo custodia de miembros de inteligencia militar, hasta ser liberado en Ibarra.
Según la acusación, las víctimas y sus familiares sufrieron una afectación a su derecho a la libertad, a la integridad, a la dignidad humana y a otros derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Mandos superiores bajo investigación
La Fiscalía atribuye a los altos mandos militares y de inteligencia del gobierno de León Febres Cordero la responsabilidad política y operativa sobre las detenciones ilegales y los interrogatorios coercitivos contra civiles.
Entre ellos se encuentran Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa, y Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército, quienes, según la acusación, dirigieron y supervisaron acciones ejecutadas fuera del control judicial y al margen de la justicia ordinaria.
FUENTES: EL COMERCIO.